Hace unos días atrás, la inmobiliaria Fundamenta apeló al rechazo de la megaobra que estaba levantando en Ñuñoa, que contemplaba la construcción de cuatro torres: una para oficinas y las otras para 1.828 departamentos, además de un complejo comercial, en la esquina sur poniente de avenida Irarrázaval y Américo Vespucio y que fue clasificada como desfavorable por la actual Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana por temas relacionados con la luminosidad (sombra) y refracción, abriendo el debate sobre el cumplimento de las normas de sustentabilidad e impacto medioambiental por parte de las inmobiliarias, con el fin de que sean amigables con las ciudades y el cuidado del medioambiente.
El Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, se define como un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo que permite a la autoridad determinar, antes de la ejecución de un proyecto, si este cumple con la legislación ambiental vigente y se hace cargo de los potenciales impactos ambientales significativos. Los proyectos que por aquí pasan van desde el sector de energía y minería, hasta los inmobiliarios, entre otros.
Si bien el organismo no ha sido cuestionado, si se ha generado una discusión en relación a las inversiones –de todo tipo- y a cómo estas podrían ser afectadas si un servicio como el SEA, no considera que son viables en relación a los criterios medioambientales.
Lo cierto es que las inmobiliarias trabajan cada vez más arduamente por generar políticas de sustentabilidad en sus procesos de construcción y gestión, apuntando mayormente a proyectos sostenibles que generen el menor impacto medioambiental posible, considerando la fuerte crisis climática que ha afectado al planeta durante los últimos años.
Fundamenta buscará el dialogo y replanteará su proyecto, pero ya abrió una puerta para que todos los actores de la industria amplíen sus criterios cuando de cuidado medioambiental se trata. Es una tarea de todos y debemos hacernos responsables de generar un ecosistema aún más sustentable.
